“Si bien el propósito es sano, hay que cautelar la propiedad privada y evitar el tráfico de tierras. No es cuestión solo de emitir títulos, estos deben ser sólidos. (...) Hay que hacerle algún tipo de ajustes, puede ser estimulante para que haya invasiones. Hay que evitar las distorsiones que la desnaturalicen”, aseguró Castañeda Lossio.El alcalde dio estas declaraciones luego de apadrinar a los cuatrillizos Huamaní Gamarra y del niño Jesús Emmanuel. Este último nació el 25 de diciembre del año pasado, su madre se llama Virgen María y el esposo es carpintero.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que ha solicitado la opinión de expertos para pronunciarse sobre la recientemente promulgada Ley de Expropiación para la Formalización de las Posesiones Informales, duramente criticada por los especialistas que consideran que transgrede el derecho a la propiedad privada y alienta la invasión de tierras.
“La Defensoría es una entidad muy seria y cuando se pronuncia sobre temas de esta naturaleza lo hace después de una investigación muy minuciosa”, manifestó Merino Lucero.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) evaluará si presenta una acción de inconstitucionalidad en contra la referida norma pues la considera inconstitucional, adelantó su decano, Walter Gutiérrez.
En diálogo con Perú.21, explicó que los impulsores de la norma se equivocan al darle el carácter de “necesidad pública” a la expropiación de un terreno para entregárselo a sus ocupantes informales.
“Eso no es necesidad pública sino interés social, y eso fue eliminado en la Constitución de 1993, porque se prestaba a que los gobiernos hicieran populismo”, apuntó.
Remarcó que la Carta Magna prohíbe claramente que se le quite una propiedad a una persona para dársela a terceros. “Vamos a evaluar el tema y estudiaremos su impacto”, agregó.
Sin incidir en el aspecto constitucional, Rudecindo Vega, ex ministro de Vivienda del gobierno anterior, también lanzó sus críticas a la ley sobre expropiaciones. Su primer cuestionamiento fue que no establece diferencias entre una “ocupación masiva” – es decir, una “invasión’– y una ocupación ilegal de una vivienda desocupada en un área urbana.
Vega también señaló que la norma – cuya promulgación se oficializó ayer en El Peruano – abre la posibilidad de que se otorguen títulos de propiedad a pobladores que estén instalados en zonas consideradas de alto riesgo.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Vivienda y Construcción, Nidia Vílchez, confirmó que Cofopri viene elaborando una relación de los asentamientos humanos que serán formalizados con esta ley, y manifestó que, una vez que el documento esté listo, será publicado.
Indicó que Cofopri se está concentrando en actualizar su registro de posesiones informales en provincias, debido a que las que se ubican en Lima ya están debidamente registradas.
En tanto se elabora esta relación, fuentes de Cofopri adelantaron que, en Lima, los predios ocupados informalmente que serán formalizados con la ley son 13,258, casi la mitad de los cuales está ubicada en cuatro distritos: San Juan de Lurigancho (SJL), Puente Piedra, Pachacamac y Villa El Salvador (VES).
Así, se ha considerado formalizar 16 AA.HH. de Rinconada Alta (SJL), 27 de Manchay (Pachacamac), cinco de Lomo de Corvina (VES) y uno de Puente Piedra, los que albergan, en conjunto, 6,363 predios ocupados informalmente.
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